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Comité de Ministros define futuro de dos proyectos mineros por casi USD 1000 millones

El Comité de ministros analizará este martes las reclamaciones por los permisos ambientales de 3 proyectos que en su conjunto demandan una inversión de USD 1.000 millones. Se trata de las iniciativas mineras: Continuidad Operacional Candelaria, de USD 460 millones de inversión;  el proyecto mina Diego de Almagro, de USD 600 millones y 450 nuevas viviendas que se proyectan entre Horcón y Maitencillo con una inversión de USD 4 millones.

El comité que está conformado por los ministros de Energía, Salud, Minería, Economía, Agricultura y Medio Ambiente, es  la última instancia administrativa para la aprobación de una obra y de no tener buena acogida sólo queda la opción del tribunal medioambiental, que como último recurso podría revertir sus dictámenes.

Según señala Diario Financiero, en la tabla del comité para mañana, el primer proyecto a debatir es Diego de Almagro, propiedad del brazo minero del grupo Angelini.

La iniciativa -que considera una inversión en torno a los US$ 600 millones- cuenta con la aprobación ambiental, sin embargo, la misma empresa presentó un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros pues cuestionó una serie de condiciones y exigencias que se impusieron como requisito para dar luz verde a la iniciativa. El principal cuestionamiento es la solicitud que hizo la autoridad ambiental sobre ciertas proyecciones para analizar el impacto de la obra.

No obstante, la empresa afirma que la exigencia es una medida inoficiosa. “De aplicarse, echaría por tierra todos los principios conceptuales y prácticos que sirven de base para la evaluación de los impactos ambientales, tanto en Chile como en el resto del mundo”, sostuvo la empresa.

Con todo, de ser exitosa la campaña de exploración para este año, la construcción se podría iniciar en 2019, por lo que el proyecto, propiedad de la filial Sierra Norte, comenzaría a operar en 2021.

Diego de Almagro se encuentra ubicado a 50 kilómetros al Este de Chañaral y a 12 kilómetros al Oeste de la localidad de Diego de Almagro. En total, el proyecto produciría en promedio 35 mil toneladas anuales de cobre fino. En total, de concretarse la mina, podría producir 110.000 toneladas de cátodos de cobre y 300.000 toneladas de concentrado en 20 años de vida útil.

En segundo lugar, es  Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Candelaria 2030- Continuidad Operacional (CCMC), ubicada en Tierra Amarilla, Atacama. El que presenta una reclamación por parte de un grupo de agricultores luego que a mediados del año pasado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó el estudio.

El proyecto, propiedad de Lundin Mining, contempla la construcción de un nuevo depósito de relaves, nuevas líneas eléctricas, accesos y un ducto desde el sector bodega a la mina, con una inversión aproximada de USD 460 millones.

Diario Financiero sostiene que en octubre de 2015, Sebastián Leiva Astorga, en representación de Frutícola y Exportadora Atacama, presentó un recurso de reclamación. Alegó que no se habría ponderado adecuadamente sus observaciones en el proceso de participación ciudadana, solicitando que se califique ambientalmente desfavorable el estudio. La frutícola es dueña de un predio ubicado en Tierra Amarilla, el cual está emplazado de manera casi colindante al terreno que pertenece a CCMC. Ahí se realizan actividades agrícolas, cultivo de uva, las cuales, a su juicio, se verían afectadas. Según CCMC, las observaciones ciudadanas fueron ponderadas en el proceso. El abogado de la minera, Pablo Mir, recurrió a la Contraloría, afirmando que la reclamación habría sido presentada fuera de plazo, lo cual fue rechazado. El jurista también presentó escritos en que acusó que organismos públicos entregaron antecedentes -a su juicio- también fuera de plazo, por lo que dijo que no deberían ser considerados por el comité.

Finalmente, la publicación señala que en el último lugar de la tabla, el comité analizará la reclamación del titular del proyecto inmobiliario El Alto, que contempla la construcción de 450 viviendas en los Acantilados de la Quirilluca en Maitencillo, y que considera una inversión superior a los USD 4 millones.

En diciembre pasado, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso rechazó la recomendación del SEA de aprobar el proyecto.

Los argumentos para no aprobar la iniciativa se concentraron principalmente en las discrepancias existentes en las medidas de conservación propuestas para la especie del piquero común, las que no aseguraban la sostenibilidad en el tiempo de esta área de interés para la conservación.

“El rechazo es ilegal, por lo tanto va a ser reclamado. No hay ningún antecedente técnico que justifique tal decisión”, dijo en momentos que se rechazó el proyecto el representante de la inmobiliaria, Martín Santa María.
En la ocasión, el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, dio la posibilidad de aprobar la iniciativa, condicionado a modificar sus indicadores de éxito y los límites de conservación, a fin de llegar a un acuerdo, solicitud que no fue considerada por el representante del titular y por consecuencia el proyecto fue sometido a votación.

En medio de la discusión, el consejero regional, Manuel Millones, manifestó sus reparos respecto de lo declarado por Santa María, aludiendo a las influencias políticas que podría tener la empresa asesora de la inmobiliaria, cuyo socio y director ejecutivo es Francisco Walker Prieto. (Portal Minero)

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